Empresas de todos los tamaños deberán informar cuándo un algoritmo decide sobre sueldos, contratos o préstamos
El pasado 2 de agosto de 2026 marcó una nueva etapa para la regulación de la inteligencia artificial en España y en el resto de la Unión Europea. Aunque el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, entró oficialmente en vigor el 1 de agosto de 2024, es recién ahora cuando comienza a aplicarse la mayor parte de las obligaciones que hasta el momento habían quedado pendientes, entre ellas las disposiciones de transparencia recogidas en el artículo 50 de la norma.
En términos prácticos, esto significa que, desde este mismo domingo, las empresas que operan en territorio español están obligadas a informar a sus trabajadores y a sus consumidores cuando un sistema de inteligencia artificial haya tomado una decisión que los afecte de manera directa. Esto incluye, por ejemplo, algoritmos que participan en procesos de contratación laboral, que determinan sueldos, que evalúan la concesión de un préstamo o que definen el precio final de un producto o servicio.
Qué obligaciones entran en vigor exactamente
La Comisión Europea activó este fin de semana los primeros artículos del reglamento que exigen transparencia y prohíben expresamente las prácticas consideradas engañosas por parte de los sistemas de inteligencia artificial. Se trata de la primera gran ley del mundo que busca poner límites claros a esta tecnología, clasificando los distintos sistemas según el nivel de riesgo que representan para las personas.
Sin embargo, no todas las obligaciones inicialmente previstas comenzaron a exigirse en esta fecha. Un reglamento de simplificación aprobado en julio de 2026, conocido como Digital Omnibus sobre inteligencia artificial, modificó parte del calendario original y aplazó buena parte de las exigencias más estrictas relacionadas con los sistemas de alto riesgo hasta los años 2027 y 2028. Esto da a las empresas un margen adicional para adaptarse a los requisitos más complejos, aunque no elimina las obligaciones de transparencia que ya son exigibles desde ahora.
Además de la transparencia, existe otra obligación que ya estaba vigente desde febrero de 2025, aunque muchas empresas todavía no la conocen en detalle. Se trata de la exigencia de garantizar que el personal que utiliza herramientas de inteligencia artificial cuente con un nivel adecuado de formación o alfabetización sobre estas tecnologías, sin importar el tamaño de la organización.
Quiénes deben prestar especial atención a partir de ahora
Según explican especialistas en regulación tecnológica, las obligaciones alcanzan tanto a pequeñas empresas de apenas tres empleados como a grandes multinacionales, aunque el nivel de exigencia varía según el riesgo asociado al uso que se haga de la inteligencia artificial. Una pequeña empresa con un uso básico de estas herramientas podría cumplir con un plan razonable y bien documentado, mientras que una organización que trabaje con sistemas de alto riesgo deberá asumir compromisos mucho más exigentes.
Entre los sectores que deberían revisar con particular cuidado su situación se encuentran aquellos que ofrecen chatbots o asistentes virtuales a sus clientes, los que utilizan agentes de inteligencia artificial que interactúan directamente con personas, los que desarrollan aplicaciones propias basadas en estas tecnologías y los que comercializan herramientas generativas bajo su propia marca. En todos estos casos, los usuarios deberán poder identificar con claridad cuándo están interactuando con un sistema automatizado y no con una persona.
Uno de los cambios más relevantes de esta nueva etapa tiene que ver con el rol de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, conocida como AESIA. A partir de este 2 de agosto, el organismo adquiere plena capacidad para inspeccionar a las empresas, solicitar evidencias sobre el cumplimiento normativo y aplicar sanciones a quienes incumplan las obligaciones vigentes. Hasta ahora, la falta de conocimiento generalizado sobre estas exigencias había hecho que muchas compañías acumularan incumplimientos sin ser conscientes de ello.
El caso particular del sector sanitario
El ámbito de la salud es uno de los que más atención está recibiendo en esta nueva fase regulatoria. Especialistas en medicina y tecnología señalan que, aunque el 2 de agosto no implica la entrada en vigor de toda la regulación sanitaria vinculada a la inteligencia artificial, sí marca un punto de partida importante: la obligación de saber con precisión qué norma se aplica a cada sistema utilizado en un centro de salud, qué riesgos concretos se asumen al emplearlo y quién debe responder frente a un eventual fallo o daño.
Para los profesionales médicos, esto implica la necesidad de formarse en el uso responsable de estas herramientas sin dejar de lado el criterio clínico propio. Para las instituciones sanitarias, supone la obligación de gobernar la tecnología antes de desplegarla en la práctica diaria. Y para los pacientes, representa el derecho a saber cuándo una máquina interviene en su atención y a exigir que sus derechos como ciudadanos sigan estando por encima de cualquier algoritmo.
Con esta nueva fase del reglamento europeo ya en marcha, el reto para las empresas españolas será adaptarse con rapidez a las exigencias de transparencia, mientras se preparan con más tiempo para las obligaciones adicionales que llegarán en los próximos años sobre los sistemas de mayor riesgo. Lo que queda claro es que, a partir de ahora, el uso de inteligencia artificial en el país deja de ser un terreno regulatorio ambiguo para convertirse en un ámbito con reglas concretas, plazos definidos y consecuencias reales para quienes no las cumplan.
Fuentes consultadas: