Las declaraciones juradas del nuevo gabinete peruano revelan casos por lavado de activos, colusión, peculado y otros delitos, apenas días después de la asunción presidencial
El inicio del gobierno de Keiko Fujimori en Perú ya enfrenta su primera controversia de peso. Las declaraciones juradas presentadas por los integrantes de su primer gabinete ministerial, difundidas en los últimos días, revelan que quince de los diecinueve ministros que lo componen reportaron investigaciones fiscales, procesos judiciales o antecedentes vinculados a distintos presuntos delitos. Entre los casos declarados figuran denuncias por lavado de activos, colusión, peculado, abuso de autoridad y cohecho, entre otros.
El gabinete quedó conformado el mismo martes 28 de julio de 2026, horas después de que Fujimori jurara como presidenta de la República para el periodo 2026 y 2031. La ceremonia de juramentación de los ministros se realizó en el Gran Comedor del Palacio de Gobierno, encabezada por el primer ministro designado, Luis Galarreta Velarde, quien preside el Consejo de Ministros.
Quiénes encabezan la lista de investigados
El propio Galarreta, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, declaró dos investigaciones activas por presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal, además de procesos anteriores por fraude electoral y nombramiento ilegal. Su caso no es aislado dentro del nuevo equipo de gobierno.
El ministro del Interior, César Astudillo, reportó una investigación por presunto peculado y antecedentes por lesiones graves. El ministro de Defensa, Alberto Beingolea, declaró investigaciones por presunta colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo. El canciller, Carlos Espá, consignó procesos por presunto cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó una sentencia previa por lesiones culposas y antecedentes por falsedad ideológica y estafa.
En el ámbito social, el ministro de Educación, José Chang, declaró haber afrontado ocho investigaciones relacionadas con presunta usurpación de funciones, lavado de activos y delitos contra el patrimonio. El titular de Salud, Luis Dyer, consignó procesos por falsificación de documentos y declaraciones falsas.
El caso que más llamó la atención: 51 investigaciones
Dentro de este panorama, un nombre concentró buena parte de la atención mediática: el ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, quien declaró nada menos que 51 investigaciones a lo largo de su trayectoria. Entre los presuntos delitos que figuran en su declaración jurada se encuentran abuso de autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, hurto y lesiones, entre otros cargos.
Otros ministros también reportaron cifras elevadas de procesos. El titular de la Producción, Juan Carlos Requejo, declaró diez investigaciones. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, consignó veinte investigaciones sin precisar los delitos asociados. El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vineli, reportó otras diez, relacionadas con presuntos delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, cohecho y corrupción de funcionarios. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, declaró procesos por presunto tráfico de influencias y colusión agravada.
Es importante señalar que estas investigaciones y procesos fueron consignados por los propios ministros en sus declaraciones juradas al asumir el cargo, un requisito habitual para los funcionarios públicos en Perú. En varios casos, se trata de expedientes ya concluidos o todavía en trámite, lo que no implica necesariamente una condena ni una responsabilidad penal confirmada.
Un gabinete con perfiles políticos diversos
Más allá de los antecedentes judiciales, el nuevo equipo ministerial también generó comentarios por su composición política. Varios de los integrantes, entre ellos el propio Juan Sheput, habían sido en el pasado críticos abiertos de Fujimori y del fujimorismo en general. Publicaciones antiguas en redes sociales de algunos ministros mostraban cuestionamientos directos hacia la ahora mandataria, lo que llevó a algunos sectores a preguntarse por los criterios detrás de estas designaciones.
Consultada sobre este punto, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, rechazó que exista algún tipo de revanchismo en la conformación del gabinete. Según explicó en una entrevista televisiva, convocar a personas que en su momento tuvieron expresiones críticas hacia Fujimori o hacia el fujimorismo refleja, en realidad, una apertura para trabajar con profesionales de distintas trayectorias políticas, y no una maniobra de venganza.
El contexto de un gobierno que llega con expectativas altas
El episodio se da apenas días después de que Fujimori jurara como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto directo en la historia republicana de Perú, tras intentos fallidos en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. La propia mandataria había señalado, al designar a Galarreta como jefe del gabinete, que el cargo exigía mucho más que experiencia: liderazgo, integridad, capacidad de gestión y una profunda vocación de servicio hacia el país.
La composición del nuevo gabinete, con la mayoría de sus integrantes bajo algún tipo de investigación o antecedente judicial, plantea un desafío adicional para un gobierno que llega, además, en medio de un contexto de fuerte inestabilidad política, tras una década en la que Perú tuvo hasta seis presidentes distintos. Cómo maneje Fujimori esta controversia inicial podría marcar el tono de la relación entre su gobierno y la opinión pública durante los primeros meses de gestión.
Por ahora, ni la Presidencia ni el Consejo de Ministros han emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre el conjunto de las declaraciones juradas, más allá de las explicaciones puntuales ofrecidas por algunos de los propios ministros y por voceros del oficialismo. Se espera que en las próximas semanas el Congreso peruano pueda solicitar mayores precisiones sobre los casos declarados, en un escenario donde la oposición ya había mostrado su descontento con el nuevo gobierno desde el mismo día de la juramentación.
Fuentes consultadas: